Tiene por objeto, establecer un marco jurídico de referencia que permita a cada Estado adoptar, fortalecer y complementar sus respectivas políticas, estrategias y legislaciones, de modo que se reconozca y garantice, el desarrollo de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, en armonía, coherencia y alineación con los instrumentos internacionales en la materia, a partir del reconocimiento legal a la organización comunitaria, como un primer paso para reconocer el rol estratégico de estos sistemas en la gestión o administración del agua, en un marco de justicia hídrica, equidad social, intergeneracional, de género y de sustentabilidad, así como de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Este objeto deberá alcanzarse mediante un enfoque ecosistémico basado en derechos humanos y procesos de planificación territorial participativa a nivel de las cuencas.
