Establece las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la Agricultura Familiar, a partir del reconocimiento de su rol en la seguridad alimentaria, la conservación de la agrobiodiversidad, en el uso sostenible de los recursos naturales, en la dinamización de las economías locales, la contribución al empleo rural y la vigencia de las comunidades, mediante la implementación de políticas de Estado. Prevé programas de financiamiento y asistencia técnica para la producción, busca fomentar y estimular la asociación y el cooperativismo de los Agricultores Familiares con programas de generación de capacidades en gestión técnica y empresarial; promueve proyectos para el acceso efectivo a los servicios básicos de agua y desagüe, energía eléctrica, salud y educación para elevar la calidad de vida; impulsar el uso eficiente y racional de los recursos hídricos y mejorar el acceso a programas de infraestructura hídrica, de riego, conservación y recuperación de fuentes de agua.
