La presente ley tiene como objeto asegurar el ejercicio pleno del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada, a través de un marco jurídico de referencia, que
permita al Estado crear políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y sin regresiones el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria para el disfrute de una vida sana y activa.
Establecimiento del derecho a una alimentación adecuada y facilitación de la transición hacia dietas saludables para las poblaciones nacionales mediante la fijación de prioridades en entornos institucionales, normativos y jurídicos integrados que garantizan e incentivan la participación de los consumidores y el sector privado.
El reconocimiento y la eliminación de la inseguridad alimentaria y la malnutrición de las personas más vulnerables en todos los contextos se convierten en el centro de atención de políticas, estrategias y programas específicos elaborados y puestos en marcha por los países
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